Este 23 de mayo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió críticas hacia el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, por sus recientes declaraciones en las que exhortó a los elementos de seguridad pública a actuar con decisión dentro del marco de sus atribuciones, frente al incremento de hechos que alteran el orden y la paz social.

Durante su intervención en la conferencia matutina, la presidenta subrayó la importancia de respetar el Estado de Derecho y seguir los procedimientos que marca el sistema penal acusatorio: “Está mal. Estado de Derecho, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México…”, afirmó.

Sin embargo, las declaraciones del alcalde Manzo han sido claras pidió a los cuerpos de seguridad actuar con determinación frente a quienes alteran la tranquilidad pública y se resisten a las órdenes legítimas de la autoridad, particularmente cuando su conducta representa una amenaza directa para la integridad de las personas y el entorno comunitario.

Si bien es incuestionable que el respeto al debido proceso es un principio constitucional y eje rector de cualquier actuación institucional, también lo es que las autoridades municipales tienen el deber legal de salvaguardar la seguridad pública, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El llamado del alcalde Manzo no fue una invitación a actuar fuera de la ley, sino una exhortación legítima a ejercer plenamente las facultades que la normativa vigente otorga a los cuerpos de seguridad municipal, ante una situación que preocupa y afecta directamente a la ciudadanía.

En este contexto, resulta preocupante que desde el Gobierno Federal se descalifique a las autoridades locales que están cumpliendo con su función, dentro de los límites de la legalidad, y que buscan ofrecer respuestas reales a una población que exige resultados, presencia institucional y coordinación efectiva entre órdenes de gobierno.

La seguridad pública, como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Por tanto, el fortalecimiento de esta labor requiere unidad, cooperación y respeto mutuo entre autoridades, más allá de las diferencias de criterio o enfoque.

Uruapan no puede ser rehén de una política nacional que, a la vista de muchos, debe evolucionar. Defender a la ciudadanía, garantizar la paz y hacer valer el Estado de Derecho no son conceptos excluyentes; son principios que deben coexistir y reforzarse mutuamente.

Respetar la ley no significa quedarse inmóviles ante la realidad. Significa actuar con legalidad, pero también con firmeza, visión y compromiso con quienes más lo necesitan.